La tutela en la República Dominicana se configura como una herramienta jurídica indispensable en el ámbito de la protección de menores, con el objetivo de asegurar su bienestar en ausencia de la autoridad parental. A través de disposiciones claras en el Código Civil y en la Ley núm. 136-03, el sistema de tutela establece un conjunto de responsabilidades y limitaciones para los tutores, respaldado por el Consejo de Familia y supervisado judicialmente para evitar abusos y garantizar una administración justa y transparente. Este marco legal no solo promueve la integridad del menor y la correcta gestión de sus bienes, sino que también prevé sanciones y controles necesarios para que los derechos de los niños y adolescentes sean salvaguardados en todo momento.
La creación de figuras complementarias como el pro-tutor y la estructura de supervisión del Consejo de Familia evidencian el compromiso del sistema legal dominicano con la defensa de los derechos del menor, ofreciendo una protección integral en su desarrollo. Este enfoque coordinado entre las diferentes instancias legales asegura que el menor no solo reciba la protección física y económica que necesita, sino también un respaldo moral y educativo esencial para su desarrollo.
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